sábado, 20 de agosto de 2016

PRINCIPIOS GRALES. DEL DCHO. LATINOAMERICANO-CRONOGRAMA DE CLASES 2016 SEGUNDO CUATRIMESTRE





16/8          Presentación del curso. Objetivos

19          Explicación del TIIC (Trabajo de Iniciación a la Investigación Científica). Código Civil y Comercial.

23            Una mirada histórica a la idea de "justicia" (Primera parte)

26             Una mirada histórica a la idea de “justicia” (Segunda parte) 

30             Los principios generales del derecho (introducción)

6/9            Los principios generales del derecho (continuación)

9               Las “Ramas” Jurídicas

13             La norma jurídica

16             Derecho romano –contexto general Primera parte

20             Derecho romano –contexto general Segunda parte

23             Entrega del TIIC. Repaso de lo desarrollado

27             PRIMER PARCIAL

30             ENTREGA DE NOTAS. 

4/10          La Familia en el Derecho Romano

7            Explicación del TIIC (Trabajo de Iniciación a la Investigación Científica) Cesare Beccaria, “De los delitos y las penas”.

11             La persona en el Derecho Romano

14             Obligaciones en el Derecho Romano

18             Las cosas en el Derecho Romano

21             Código Civil y Comercial

25             Código Civil y Comercial

28             Derecho Latinoamericano. Génesis.

1/11          Derechos Autóctonos

4               Derecho Latinoamericano. Integración Jurídica.

8               Derecho Latinoamericano. Integración Jurídica.

11             ENTREGA DEL TIIC. Repaso de lo desarrollado

15             SEGUNDO PARCIAL

18             ENTREGA DE NOTAS. Repaso de lo desarrollado

22             RECUPERATORIO

25             ENTREGA DE NOTAS DEL RECUPERATORIO. FIRMA DE NOTAS


FINAL:   FECHA A CONFIRMAR (CIUDAD UNIVERSITARIA).

sábado, 16 de julio de 2016

HISTORIA DEL DERECHO (USAL-PLAN FRANCO ARGENTINO-CRONOGRAMA)





Prof. Dr. Sandro Olaza Pallero

solazapallero@derecho.uba.ar

                                    http://sandroolazapallero.blogspot.com.ar/  




5/8           Presentación del curso y de la materia.

12       Historia e historicidad del derecho. Explicación del TIIC.* La investigación histórica. Crítica. Fuentes. Reconstrucción. Objetividad.

 19           Pensamiento jurídico antiguo (Mesopotamia).

 26           Pensamiento jurídico antiguo (Grecia).

2/9           Pensamiento jurídico antiguo (Roma).

9              Alta Edad Media. Baja Edad Media. 

16            Humanismo. Derecho indiano.

23            Racionalismo. Declaraciones y constitucionalismo.

30            Codificación. Positivismos. 

7/10         Examen.

14            Misión francesa (no hay clases).

21            Misión francesa (no hay clases).

28             Misión francesa (no hay clases).

4/11          Entrega del TIIC y exposición.


FINAL (FECHA A DESIGNAR)


* Temas del TIIC a elección del alumno:
1) El unitarismo.
2) El federalismo.
3) La Constitución de 1853: Visiones de Alberdi, Sarmiento y Gorostiaga.
4) Los afroargentinos en los tiempos de la Confederación Argentina.
5) Rosas y su política con los indígenas.

Se sugiere ver Pautas para hacer una monografía.


domingo, 12 de junio de 2016

LOS PATRIOTAS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA







MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 2016       18 A 21 HS.

Temas y Expositores:

1)      “Los diputados del Congreso de Tucumán”
 Expositor: Dr. Sandro Olaza Pallero.

2)      “Los padres de la Patria y la declaración de la Independencia”
Expositor: Dr. Facundo Alberto Biagosch.

3)      “La organización de la Justicia desde 1816 hasta 1862”
Expositor: Dr. Enrique Bachiller.

4)      “Güemes y la Independencia”
Expositor: Dr. Sergio Rodolfo Núñez y Ruiz-Díaz.

5)      “Factores internos y externos en 1816”
Expositor: Dr. Jorge Francisco Cholvis.

Moderador: Dr. Alberto Gelly Cantilo

Coordinadora de la Jornada: Dra. M. Luz Amadora Rodríguez.


Sala  Dr. Norberto T. Canale (Corrientes 1455 – 4° piso).


Colegio Público de Abogados de la Capital Federal



domingo, 5 de junio de 2016

LA CONSTITUCIÓN ORGANIZA EL PROYECTO DE NACIÓN

Isaac Rojas y Américo Ghioldi en la Convención Constituyente de 1957.



Por Jorge Francisco Cholvis*

           
            La reforma constitucional de 1994 se produjo sin la participación popular. Ello impidió sancionar un texto avanzado que coadyuvara al progreso social, tal como propusieron algunos convencionales constituyentes. No contribuyó a la solución de los problemas nacionales sino que, por el contrario, ellos se fueron acentuando. Son conocidos los retrocesos y avances que se produjeron en el período durante el cual ejercieron la responsabilidad de gobernar distintos sectores políticos con diferentes programas y objetivos. El siglo XXI encontró a la Argentina sumida en una crisis estructural, cuya expresión social y política alcanzó su pico en las grandes movilizaciones populares del 19 y 20 de diciembre de 2001. Es el inapelable veredicto de la experiencia histórica. Ahora estamos en la segunda década del siglo XXI con el retroceso que implicó dejar atrás la etapa iniciada en mayo de 2003. Es hora de que las distintas expresiones políticas y sociales expresen sus opiniones sobre el marco constitucional que debe tener el desarrollo político y social del pueblo argentino.

UN FALSO DILEMA OSCURECE EL TEMA CONSTITUCIONAL

El contenido de la Constitución no cuenta con la voz del pueblo porque el poder real banalizó la cuestión constitucional convirtiéndola en algo propio de leguleyos. Fue él quien creó la falsa idea de que ocuparse de la Constitución es un esfuerzo inútil que debe dejarse para otros tiempos y otras personas. Con ese fin utiliza argumentos falaces y apela a todos los mitos imaginables para alejar al pueblo de su participación en la definición de los objetivos y medios que la conforman. A partir de su capacidad de manipulación logra postergar el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución.
El punto de partida de la manipulación es omitir que la Constitución no es sólo un instrumento jurídico sino también, y principalmente, el documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. Esa actitud reitera la concepción elitista que durante el siglo XIX tuvo la definición del contenido de la Constitución escrita o jurídico-formal, en cambio el poder constituyente tiene como base la teoría democrática de la Constitución cuyo eje es la participación popular, por ello la necesidad de difundir y debatir los contenidos constitucionales.
Es deber de los juristas comprometidos con los intereses de la patria explicar la veracidad de los conceptos y las tendencias dominantes impuestos sobre el texto constitucional vigente para ayudar a la toma de conciencia de las mayorías, tanto sobre los acontecimientos y la situación imperante en el acontecer cotidiano, como de las etapas precedentes en el tiempo histórico.
Es necesario remarcar la vinculación entre la enseñanza del derecho que sigue respondiendo al proyecto neocolonial y el desconocimiento popular de la trascendencia de la Constitución en la vida cotidiana. Se oculta que el ordenamiento jurídico de una sociedad dependiente expresa la respectiva estructura de dominación social y que los modos en los que esa formalización se alcanza se producen a partir de la incorporación de la ideología jurídica dominante en el país dependiente de las teorías, métodos de interpretación, doctrinas y criterios jurisprudenciales desarrollados en países centrales. Ese bagaje ideológico fortalece el predominio de las clases dominantes y el consiguiente rechazo de toda teoría y jurisprudencia que pueda cuestionarlo. Para superar esa pedagogía de la dependencia es necesaria una hermenéutica de la realidad histórica que permita conocer la técnica opresora o liberadora del derecho, según sea quien la instrumenta.

QUÉ ENTENDEMOS POR CONSTITUCIÓN

Es un conjunto de normas jurídicas que regula los poderes del Estado y establece las obligaciones y derechos de los habitantes y ciudadanos disponiendo el contenido social y político que debe tener en cuenta la normativa jurídica. La Constitución es una declaración programática de principios y aspiraciones que regula lo que ya es y establece la orientación de las políticas de Estado. El derecho es el lenguaje del poder y su clave es la Constitución.
Los textos constitucionales responden a un núcleo filosófico y expresan la correlación que existe entre la Constitución real y la Constitución escrita, dado que la primera es el ámbito donde dirimen su predominio los distintos sectores sociales -tanto internos, como externos- de la comunidad política. La Constitución escrita debe resguardar las condiciones sociales de producción y cultura de modo que su normativa anime la lucha del pueblo por disponer siempre de una Constitución mejor.
Cabe resaltar que el espacio que va desde la Constitución real a la Constitución escrita se nutre con la interpretación de la Constitución. Por ello no debemos olvidar que el debate sobre la Constitución es eminentemente político. Recíprocamente, cuando se adopta una actitud política o una decisión institucional, se utiliza un criterio de interpretación constitucional acorde a determinados intereses. El punto pasa, entonces, en saber a qué intereses defiende esa interpretación de la Constitución: si a satisfacer los intereses de unos pocos en base a una concepción oligárquica o al progreso de la Justicia, que en realidad es la finalidad natural de la Constitución. El anhelo de Justicia es inherente a la índole humana y en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que, surgidos del pueblo, buscan la Constitución mejor y, por ello, se oponen a la obstinación de una oligarquía que se resiste a su transformación.
No es factible que en una sociedad compleja como la nuestra que procura superar las graves deficiencias estructurales que impiden el desarrollo económico, social y cultural de la República, logre sus objetivos siguiendo el mismo camino puesto en práctica en 1853/60, cuando una minoría ilustrada impuso su proyecto a una sociedad simple y no participativa. El derecho de dar y reformar la Constitución pertenece al Pueblo y de acuerdo con ese principio no se puede desconocer el derecho natural que éste tiene de darse sus propias formas constitucionales. Es el camino que los pueblos deben transitar en procura del progreso social, por ello en la circunstancia histórica que estamos transitando es imprescindible profundizar el debate político alrededor de estas cuestiones.

DEMOCRACIA, LEGITIMIDAD Y CONSTITUCIÓN

Sampay señalaba que “el bien de la comunidad es la justicia, o sea el bienestar público”; el cual se logra por el cambio de bienes y servicios de cosas destinadas a su vez a producir bienes cuyo consumo comporta tal bienestar. Así es que hay bienestar público o justicia, cuando cada miembro de la comunidad dispone de los bienes necesarios para estar en condiciones de desarrollarse libre e integralmente; esto es, de lograr la felicidad natural. Por tanto, la suprema finalidad de la justicia es conseguir, acordando los cambios, la suficiencia de los referidos bienes para todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Ello permite precisar que la ciencia política es la ciencia de la Justicia y de los modos de estructurar y hacer actuar a la comunidad para efectuarla. La estructuración política de la comunidad a fin de realizar la Justicia se denomina Constitución. Cuando la sociedad descubre su imperfecta composición y las desiguales condiciones de vida que la aquejan se impone la demanda por el progreso de la Justicia.
La definida posición tendiente a no realizar reformas en la parte dogmática de la Constitución, o que no la afecten en su esencia, es una constante de las distintas alternativas que se produjeron en nuestro país en materia constitucional, desde que fuera derogada la Constitución Nacional de 1949, salvo diversos proyectos formulados y que no recibieron sanción. La relación estrecha que guardaban con el orden constitucional los planes económicos que se pondrían en marcha en el país a partir de 1955 determinó que se transformara en un cuestión vital el retorno a la Constitución de 1853 o que se mantuviera su esencia para dar continuidad las normas de política económica constitucional que ésta contiene.
La expresión elíptica desarrollo político tiene como significado la búsqueda del régimen político más apropiado para impulsar el desarrollo económico de un país en cierta etapa de su evolución histórica. En esencia, pues, el desarrollo político establece las estructuras político-institucionales más adecuadas para un acelerado desarrollo económico. Y el desarrollo económico, como se sabe, consiste en instituir las estructuras socio-económicas más aptas para explotar con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comunidad política a fin de multiplicar la productividad del trabajo social, para que todos y cada uno de sus miembros gocen de los bienes materiales de la civilización. Dicho en otro términos: el desarrollo político comprende el conjunto de cuestiones relativas a la instauración de una Constitución justa, pues en su integridad la Constitución es una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución escrita o jurídico-formal). Por tanto, no es correcto realizar un análisis predominantemente jurídico-formal de las causas que se producen en la infraestructura sociológica de la Constitución y que se corporizan en la inestabilidad de la Constitución escrita, pues al hacerlo de tal modo se aleja el examen de las causas económico-sociales que llevan a la crisis de nuestro sistema institucional.
Una nueva política económica constitucional debe reflejar a través de normas claras, absolutas y unívocas los nuevos medios económicos que nos permitan alcanzar un desarrollo económico independiente, sostenido y armónico. Economía y política no están separadas. Un Proyecto tiene objetivos políticos, y a través de la política económica designa los instrumentos o medios requeridos para alcanzar su meta, a la vez que va postulando nuevas bases para dotarlo de permanencia. Es precisamente la propia esencia de la Constitución la que hace que en su texto se deban establecer esos magnos instrumentos. Es la Constitución, entonces, como también lo expresaba Sampay, la que “fija los medios preferidos por un Estado concreto para alcanzar su fin”.
Cuando se defina adecuadamente el criterio de la oportunidad de una reforma amplia de la Constitución y ella se realice, no puede quedar reducida a pequeños retoques a su parte dogmática o a algunos cambios a su faz orgánica para “flexibilizar” el funcionamiento del poder dentro del laberinto generado por la dependencia y la pobreza. Para superar tan menguado límite es necesario implementar un esquema político que incorpore a los grandes sectores de la Nación en un Proyecto Nacional que se ajuste a las circunstancias de nuestro tiempo.
El debate sobre la democracia es, en las condiciones actuales, una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. Pero, también se transforma en una polémica respecto de la eficacia de la democracia. Los dilemas de la legitimidad política, como se refieren al rumbo, al sentido que la sociedad habrá de tomar, propician el debate sobre los grandes temas del desarrollo político y económico. La cuestión de la legitimidad política lleva así directamente al tema institucional, al diseño del que sea mejor para lograr ese desarrollo. Una Constitución que no contenga las declaraciones de derechos que conforman principios consagrados sobre derechos humanos, será en nuestra época un verdadero anacronismo. Pero una Constitución que sólo se limitara a describir esas conquistas sin establecer los medios, métodos y garantías para su debido cumplimiento será una mera formalización teórica sin muchas posibilidades de alcanzar la vigencia efectiva de dichos derechos.
En consecuencia, será tarea principal coadyuvar al cambio de la Constitución real que se resiste y obstruye el progreso social en nuestro tiempo contemporáneo. Como inmediata consecuencia vendrá la oportunidad de dictar una nueva Constitución escrita para el País de los Argentinos. Sin duda que será necesario realizar un esfuerzo creador para construir un orden sociopolítico propio que sirva de base sólida para instaurar un nuevo modelo de sociedad que nos permita hacernos cargo de nuestro propio destino en el mundo global.

* Trabajo y Economía, 17 de mayo de 2016.

sábado, 28 de mayo de 2016

EL JURIDISMO DE LA VIDA Y LA POLÍTICA





                                                                     Por Alberto Buela


Es sabido que fue Platón quien fijó, por primera vez, el esquema de las denominadas cuatro virtudes cardinales, término que viene del latín cardo que significa gozne o quicio. Así la prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las virtudes sobre las que giran el resto, que son múltiples y variadas según los autores, las épocas  o las escuelas de filosofía.
Ahora bien, la teoría de la virtud, y esto corresponde a Aristóteles, sostiene que ella es el término medio entre dos extremos opuestos, así el exceso de prudencia es la cautela excesiva o inmovilismo y su defecto la precipitación. En la fortaleza el exceso es la temeridad y el defecto la cobardía.
En la templanza el exceso es la insensibilidad y el defecto el desenfreno.
Pero como en ética no se puede exigir una exactitud matemática, el término medio de las virtudes siempre estará inclinado más hacia uno de los extremos: la prudencia más hacia la cautela excesiva, la fortaleza o valentía más hacia la temeridad y la templanza más hacia la insensibilidad. En una palabra, se inclinan un poco más hacia su exceso que hacia su defecto. Pero ¿qué pasa con la justicia?. Es un lugar común afirmar que la justicia no tiene exceso pues es muy raro encontrar a alguien demasiado justo o más que justo. Sin embargo el juez con la equidad y el santo con la misericordia van más allá de la justicia dando más de lo que corresponde, a pesar que muchas veces esos actos conllevan injusticia.
Ahora bien, si nos acercamos a la justicia desde la conducta justa vemos que ella es el término medio entre padecer injusticia o cometer injusticia, entonces podemos afirmar que la justicia es término medio de sí misma, mientras que la injusticia lo es de los extremos.
Hemos intentado explicar en breves líneas la justicia como virtud para poder aproximarnos con un conocimiento previo al hecho que queremos describir: la cada vez mayor judicialización de la vida cotidiana y de la política en nuestras sociedades de esta primera parte del siglo XXI.
Nosotros en nuestra organización familiar y política somos dependientes aun del derecho romano y de la filosofía griega, y en este sentido ellos definieron la justicia como suum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Y sobre esa base y aquella teoría de la virtud construyeron un mundo que, aunque cascoteado, en muchos aspectos dura hasta hoy.
El hombre vive en sociedad bajo la forma jurídica, y el que no quiere hacerlo queda fuera de la humanidad. Se repite hasta el hartazgo que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, pero lo que sucede, de facto, es que nadie practica libremente la auto limitación, sino que todos practican la auto expansión.
El ejemplo más elocuente es el de las grandes compañías multinacionales donde existe una patronal difusa y por ende no responsable, que firman con los gobiernos contratos, que en los papeles son intachables, pero que en los hechos, siempre son transgredidos. Así, las multinacionales petroleras, mineras o  pesqueras terminan no contabilizando lo que realmente extraen, destruyendo el medio ambiente, envenenado los ríos y depredando los mares.
Se genera así un conflicto que solo puede recibir una sanción jurídica que siempre es tardía, limitada y no reparadora. Y si bien es cierto que en las sociedades totalitarias no existe una justicia imparcial y entonces la vida se hace insufrible, en las sociedades democráticas limitadas solo a la forma jurídica la vida se hace mediocre.
El control democrático reducido a las formas jurídicas es lento, formal, pesado y no es una influencia benéfica para la sociedad. Primero, porque consolida el simulacro político-económico como matriz de dicha sociedad y, segundo, porque mutila al hombre en su capacidad de poder ir más alto, de elevar sus metas. Al respecto afirma el escritor ruso Alexandre Soljenitsyne: “Una sociedad que se instala sobre el terreno de la ley, sin querer ir más alto, utiliza solo débilmente las facultades más altas y elevadas del hombre”[1]
El hombre, esto es, el varón y la mujer, no está en la tierra solo para tener, jurídicamente reglado, su auto, casa, pareja, hijos, trabajo, vacaciones. Esto no está mal y es preferible que todos lo tengan, pero esto no alcanza para lograr la plenitud de hombre.
Lo grave hoy día es que el juridismo ha invadido toda la actividad política y ésta ha cedido su carácter de arquitectónica de la sociedad. Ej. el reciente gobierno de Macri en Argentina y el más reciente de Temer en Brasil, pretenden solucionar todo por vía judicial. Han renunciado a la decisión política de poner a disposición del poder ejecutivo a los mega ladrones de los gobiernos anteriores, con lo cual ninguno va preso y todos siguen disfrutando de sus magníficos robos. Así, judicializar la política es el simulacro más grave y pernicioso que se le hace al sistema democrático. Y si a eso le sumamos que el discurso político, no lo hacen ya los políticos, sino los medios masivos que lo pregonan a través de sus “analfabetos locuaces”, los periodistas; llegamos así al extrañamiento perfecto de la vida y la sociedad contemporánea: mediocre y estupidizada bajo un pensamiento único.





[1] Soljenitsyne, Alexander: La decadencia espiritual de Occidente, discurso en EEUU de 1978.